21 de gen. 2024

La poli, los jueces, Europol, las corporaciones… contra la lucha en defensa de la tierra.

 

Los estados a través de sus sistemas policiales y judiciales se aplican mucho para detectar sus posibles enemigos, un estado sin su policía es una cosa inconcebible y, por su misma naturaleza y lógica, detectan y construyen a sus propios enemigos. Los últimos años la principal vía para construirlos es la clasificación como terroristas de la disidencia, esto ha ido variando con el tiempo, desde el siglo XIX con la Mano Negra y los procesos de Montjuïc, hasta la criminalización de la radicalización islámica actual más allá de los hechos y la organización. Estas construcciones dependen de sus análisis de riesgo, el aparato policial debe anticiparse a la aparición de movimientos disidentes fuertes y, cuando aparecen, aplastarlos, para esto no importa el tipo de estado, ni la ideología en que se base su “legitimación”.

 

El riesgo “estrella” que ha permitido aprobar restricciones severas de lo que se suelen considerar “libertades democráticas” ha sido hasta el momento el yihadismo. En todos los discursos sobre riesgos en la seguridad ocupan un puesto principal, pero los riesgos ligados a movimientos más o menos ambientalistas le van cada vez más, a la zaga.

 

El cambio climático ha sido usado por el capitalismo como marketing para pintar de verde toda mercancía, y por los estados como mecanismo de control y de movilización/desmovilización de la gente. Pero a medida que la situación de crisis se hace más evidente, más se despiertan inquietudes críticas no solo con la situación climática, sino también sobre la devastación de la tierra (bosques, extractivismo, humedales…), la expansión de la nocividad (contaminación de aire, agua y suelos), la dominación sobre los animales y la sociedad resultante de los estados y el capitalismo.